El Injusto Despojo de Condecoraciones al General Arias Cabrales

«Reclamando Justicia: El Injusto Despojo de Condecoraciones al General Arias Cabrales y la Lucha por su Honor Militar»

El pasado 15 de enero de 2024 el gobierno nacional promulgo el decreto 0018 mediante el cual se declara la pérdida del derecho al uso de unas condecoraciones militares, cuyo afectado es el mayor general Jesús Armando Arias Cabrales del Ejército Nacional de Colombia quien llegara a ser inspector general de las fuerzas militares pero quien es recordado principalmente por su actuación durante la retoma del ejercito del palacio de justicia en 1985 posterior a la toma armada y terrorista adelantada por el grupo armado al margen de la ley M-19.

Pues bien, como es de conocimiento público, hoy en día el gobierno nacional en Colombia es liderado o mejor dicho la republica de Colombia es presidida por un exintegrante de esta agrupación armada.

Sin embargo, a pesar de que se pudiera pensar que el presidente debería declarase impedido para resolver este tipo de temas. Se expidió el decreto 0018 de 2024.

No obstante, es menester aclarar que este decreto fue firmado por el Ministro delegatario de salud como encargado de las funciones presidenciales y por el ministro de justicia. El ministro de salud firma como quiera que el presidente Gustavo Petro se encontraba viajando por Europa y lo encargo de las funciones presidenciales.

Bueno dentro de las consideraciones esgrimidas por el gobierno nacional se encuentran diferentes actos jurídicos, como por ejemplo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos  declaro al estado colombiano como responsable por la desaparición forzada de varios ciudadanos.

También que el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá condenó al militar en cuestión a la pena de 35 años de prisión como autor responsable del delito de desaparición forzada agravada en contra de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Irma Franco Pineda, y otras seis (6) personas. Siendo confirmada por el tribunal superior de Bogotá y que posteriormente la Corte Suprema de Justicia no casó.

También expusieron como argumento que la Jurisdicción Especial para la Paz no lo había admitido, lo que en mi consideración seguramente fue la cereza del pastel ya que si el militar hubiera accedido a dar mas información en la JEP seguramente no habría sido objeto del retiro de estas medallas, porque si esta lógica se aplicara a todo militar que haya sido condenado seguramente estaríamos hablando de miles o cientos que han sido condenados y que anteriormente han recibido condecoraciones como por ejemplo el General Maza Márquez que fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.

No obstante, de acuerdo con la exposición de motivos de este decreto y de lo que ha dicho el presidente de la república en medios de comunicación, han sostenido que ellos se basan en un decreto del 2015 como es el 1070 que en el articulo 2.3.1.3.1.9. establece la Pérdida del Derecho al Uso de las condecoraciones por las siguientes causas:

a) Los militares en servicio activo o en retiro, por haber sido condenados por delitos dolosos a la pena de prisión por la Justicia Penal Militar o la ordinaria, o por haber sido separados en forma absoluta de las Fuerzas Militares por conductas indebidas.

b) Para los servidores públicos del sector Defensa y los particulares, por haber sido retirado del servicio como consecuencia de investigación penal o disciplinaria, o por haber sido condenado por delitos dolosos a la pena principal de prisión por la justicia ordinaria.

Ahora bien, de acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, quien considera que luego de revisar el decreto carece de constitucionalidad toda vez que la constitución política de Colombia en el artículo 220 expresa que “Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley”. (Revista Semana)

De acuerdo con el constitucionalista el decreto 0018 de 2024 se basa en normas mayoritariamente de carácter reglamentario y por lo tanto no estaría en concordancia con la constitución política puesto que no hay una norma legal es decir una Ley proferida por el congreso de la república que establezca el procedimiento a través del cual se despojaría de una condecoración a un militar o policía.

En conclusión, probablemente este decreto sea declarado inconstitucional por la corte constitucional o por el consejo de estado, dado que no es congruente con la constitución política. Sin embargo, el daño ya esta hecho y el gobierno se salió con las suyas, que era generar un efecto mediático en la sociedad y en los próximos no faltara el congresista que presente un proyecto de ley dando cumplimiento al artículo 220 de la constitución.

Decreto 0018 de 2024.

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