ANALISIS SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO SOBRE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANALISIS SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO SOBRE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA

Consejo de Estado – Sentencia Radicado 66001-23-33-000-2017-00373-01(65134) Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Controversias Contractuales – Consejero Ponente Nicolás Yepes Corrales 28 de febrero de 2022.

HECHOS RELEVANTES

La alcaldía de Pereira apertura un proceso de contratación mediante licitación pública No. 130-2016 con el fin de contratar “la prestación del servicio de transporte especial escolar rural de los estudiantes de la zona rural para apoyar y garantizar la accesibilidad a la educación pública de la población rural de escasos recursos”.

A este proceso contractual se presentaron dos empresas a saber Trans Especiales el Samán S.A.S y Transportes Especiales del Otún S.A.S, resultado seleccionada la última de las nombradas, generando que la primera demandara tanto el acto administrativo que adjudicaba la licitación pública así como el contrato que celebraron la alcaldía de Pereira y transportes del Otún S.A.S.

La demanda interpuesta por Trans Especiales el Samán S.A.S, lo hizo empleando los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales, manifestando que durante el proceso de licitación la Alcaldía de Pereira realizó modificaciones al pliego de condiciones pues permitió que la empresa elegida perfeccionara su oferta como quiera que subsanó un requisito que a la postre le permitía mejorar el puntaje frente al otro oferente.

En consecuencia, en primera instancia el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la nulidad de la resolución que adjudicaba la licitación pública, así como el contrato que celebraron la alcaldía de Pereira y la empresa Transportes Especiales del Otún S.A.S, y condenó en abstracto a la Alcaldía de Pereira, sentencia que fue confirmada parcialmente por el Consejo de Estado ya que de igual forma declaró la nulidad del acto administrativo de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato.

ASPECTO JURIDICO CONSIDERADO

El Consejo de Estado consideró que se vulneraron las reglas contenidas en el pliego de condiciones y se lesionaron principios de la contratación estatal como el de igualdad y selección objetiva.

PARTES

  • Demandante: Trans Especiales el Samán S.A.S
  • Demandado: Alcaldía de Pereira

PROBLEMA JURIDICO

Establecer si la Resolución No. 314 del 18 de enero de 2017, mediante la cual se adjudicó la licitación pública No. 130-2016, adolece de los vicios alegados por parte y si, con fundamento en ello, hay lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato No. 1074 del 30 de enero de 2017, suscrito entre la alcaldía de Pereira y Transportes Especiales del Otún S.A.S.

TESIS

  • Tribunal Administrativo de Risaralda: Si declaro la nulidad
  • Consejo de Estado. Si declaro la nulidad

EXPLICACION DE LA TESIS

En primer lugar, el tribunal administrativo de Risaralda declaro la nulidad del acto administrativo es decir de la Resolución No. 314 del 18 de enero de 2017 mediante la cual se adjudicó la licitación pública No. 130-2016, así como también la nulidad absoluta del contrato No. 1074 del 30 de enero de 2017, suscrito entre la Alcaldía de Pereira y Transportes Especiales del Otún S.A.S, por cuanto la última debía probar que estaba en la capacidad de prestar el servicio de transporte escolar rural para un total de 3169 estudiantes a través de tarjetas de operación, lo que no ocurrió en el caso en concreto, motivo por el cual su oferta debió ser rechazada, y sin embargo la alcaldía de Pereira permitió que subsanara un requisito que estaba previsto en el pliego de condiciones lo que a la postre era mejorar la propuesta que le daba ventaja sobre el otro oferente.

De igual forma el Consejo de Estado también declaró la nulidad del acto administrativo, mediante la cual se adjudicó la licitación pública No. 130-2016, así como también la nulidad absoluta del contrato No. 1074 del 30 de enero de 2017, y entre sus argumentos cabe la pena resaltar que manifestó que si bien la alcaldía de Pereira expresaba que subsanar el requisito de las tarjetas de operación no daba ventaja sobre los demás participantes, a la postre esta subsanar si incidía sobre la calificación como quiera que al completar las tarjetas de operación se cumplía con el requisito de los vehículos habilitados para llevar a cabo el transporte y el mismo podría dar puntos dependiendo de los modelos de los vehículos, pues así había quedado en el pliego de condiciones.

De igual forma el Consejo de Estado argumentó que el comité evaluador del municipio de Pereira modificó las reglas del proceso de selección y creo en el curso del proceso contractual un nuevo criterio para calificar las propuestas, lo cual vulneraba las reglas contenidas en el pliego de condiciones y se lesionaron principios de la contratación estatal como el de igualdad y selección objetiva.

Dentro del análisis normativo y jurisprudencial que realizó el Consejo de Estado se concluyó que para este caso era aplicable lo dispuesto en el artículo 30.8 de la Ley 80 de 1993, como quiera que no está permitido que los oferentes completen, adicionen, modifiquen o mejoren sus propuestas, lo cual también está en línea con la jurisprudencia de la corporación que ha expresado entre otros que “[…]en los procesos de selección de la contratación estatal está vedado cualquier cambio sobre la marcha a las reglas de juego previamente establecida en la ley del mismo, o sea en el pliego de condiciones”.

ANALISIS CRITICO

Desde la perspectiva meramente jurídica y teniendo en cuenta la constitucionalización del derecho, la sentencia objeto de estudio es muy atinentecon principios rectores como el de igualdad, al igual que continúa dándole un valor preponderante al contrato y al pliego de condiciones que lo compone, ya que como lo expresa el código civil, el contrato es ley para las partes y por tanto lo plasmado en este tiene obligaciones que deben ser acatadas y respetadas por las partes.

También el consejo de estado sienta jurisprudencia en el entendido de que los comités evaluadores no pueden alterar los mecanismos de evaluación dados a conocer en el pliego de condiciones, a partir de interpretaciones erróneas de acara a la ley.

Lo anterior como quiera que la sustentación de la parte demandada se fundamentaba implícitamente en aspectos como la misma interpretación que había realizado el Comité Técnico Evaluador, manifestando que permitir que la empresa Transportes Especiales del Otún S.A.S completara la tarjetas de operación que le hacían falta, solo se constituía en un requisito habilitante y supuestamente no incidía en mejorar el puntaje que le permitía quedarse con el contrato, lo cual fue controvertido y desvirtuado por el Consejo de Estado, que determinó que al permitir completar las tarjetas de operación a la postre se constituía en un hecho que mejoraba el puntaje pues adicionar tarjetas de operación consistía en adicionar nuevos vehículos alterando el resultado en termino de puntos, pues en el pliego de condiciones se establecía que vehículos correspondientes a modelos 2008 en adelante otorgaba un porcentaje igual o superior al 50%.

 

 

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